La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación a revisar a fondo el reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, que data de septiembre de 2014. Este documento ha generado críticas por supuestamente exculpar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los hechos que marcaron una de las heridas más profundas en la memoria colectiva del país.
Sheinbaum reconoció que varios elementos del Ejército Mexicano están detenidos y bajo proceso judicial, pero planteó una pregunta clave que debe responder la investigación: si esos soldados actuaron de manera individual, posiblemente con vínculos a grupos delictivos, o si la institución castrense participó como tal en la desaparición de los normalistas. “La pregunta que se deberá responder con las investigaciones es si actuaron individualmente por un nexo en ese momento con algún grupo delictivo y cuáles son las fuentes de información de ello, o si participó la institución como tal”, afirmó la mandataria.
La jefa del Ejecutivo federal aclaró que el Gobierno de México no tuvo participación ni conocimiento previo sobre la publicación del informe de la CNDH la semana pasada, y que eso no implica necesariamente estar de acuerdo con su contenido o visión completa. Enfatizó que el caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta, especialmente para las madres y padres de los normalistas desaparecidos, pero también para toda la sociedad mexicana.
En este contexto, Sheinbaum anunció que pronto se presentarán avances oficiales de la investigación a los familiares, con quienes su administración ha mantenido comunicación permanente. Además, se dará un informe detallado que incluirá el análisis del contenido presentado por la CNDH y los resultados de las nuevas líneas de investigación que la Fiscalía General de la República ha impulsado durante este sexenio.
Este pronunciamiento se da en un momento en que la exigencia de justicia y verdad sobre Ayotzinapa sigue siendo un tema sensible y de alta relevancia nacional, en medio de un contexto donde la autoridad estatal debe demostrar capacidad y orden para resolver casos que han marcado la percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones.
