La diputada federal Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, salió a defender la presencia de su hija en el partido del Mundial 2026 disputado en Monterrey entre Japón y Túnez, luego de que en redes sociales se viralizaran imágenes que desataron críticas por el acceso a una zona Hospitality, considerada la más exclusiva del estadio.
Orozco aseguró que, a pesar de que el boleto para esa área tiene un precio comercial estimado en alrededor de 70 mil pesos, su hija pagó únicamente 6 mil 500 pesos. Sin embargo, la legisladora no aclaró públicamente bajo qué mecanismo o promoción se obtuvo ese costo, lo que ha generado suspicacias y cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de estos accesos.
Este episodio ocurre en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los boletos asignados al Gobierno de México para el Mundial no serían entregados a funcionarios, sino destinados a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores a través de programas y concursos públicos. La diputada Orozco, por su parte, defendió la acción argumentando que su hija no es militante de Morena, sino solo votante, intentando deslindar la polémica del partido en el poder.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar, planteando dudas sobre cómo fue posible acceder a un boleto Hospitality por una fracción del precio oficial, especialmente tras la difusión de imágenes de familiares de personajes vinculados a Morena en zonas preferentes de los estadios. Hasta el momento, no se ha presentado documentación que acredite las condiciones de adquisición del boleto ni si formó parte de algún programa especial o cortesía.
Este caso pone en evidencia la tensión entre el discurso oficial de austeridad y la realidad de privilegios que parecen mantenerse en espacios exclusivos, justo cuando la ciudad y el país enfrentan retos de orden y funcionalidad en sus espacios públicos. En un contexto donde la movilidad y el acceso ordenado a servicios y eventos son cada vez más valorados por la ciudadanía, la transparencia en el manejo de recursos y beneficios públicos resulta indispensable para recuperar la confianza y el orden social.
