La comodidad de comprar videojuegos en formato digital enfrenta un duro escrutinio legal en Estados Unidos. Cuatro usuarios han presentado una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de violar la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025.
Esta legislación prohíbe que las plataformas usen términos como «comprar» o «adquirir» sin dejar claro que los usuarios solo obtienen una licencia revocable, no la propiedad definitiva del juego. Aunque PlayStation Store incluye advertencias legales en su proceso de compra, el bufete que encabeza la demanda sostiene que estas son tan pequeñas que pasan desapercibidas, induciendo a error a los consumidores, quienes creen tener un producto físico o propiedad plena.
El momento de la demanda no es casual. En mayo de 2026, Sony cerró los servidores de Destruction AllStars, un juego exclusivo para PS5 lanzado en 2021. Solo queda disponible un modo para un jugador, que desaparecerá por completo el 25 de noviembre, dejando el título inservible para quienes lo compraron. Este caso es solo el más reciente en una ola de apagones digitales que comenzó en 2023, cuando Ubisoft desconectó los servidores de The Crew, eliminando incluso modos locales.
Este fenómeno ha impulsado movimientos como Stop Killing Games, que presionan a legisladores en Estados Unidos y Europa para que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin depender de la empresa.
Sony enfrenta además otros litigios en 2026. Un tribunal federal aprobó preliminarmente un acuerdo de 7.85 millones de dólares por prácticas antimonopolio, tras acusaciones de prohibir la venta de códigos digitales en tiendas minoristas para forzar compras en su plataforma. La audiencia final será el 15 de octubre de 2026.
En mayo, se presentó otra demanda colectiva que acusa a Sony de inflar el precio de la consola PS5 durante la crisis de aranceles, reteniendo devoluciones millonarias sin beneficiar a los consumidores.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe cambiar términos en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus juegos, la industria observa con atención un caso que podría transformar la forma en que se comercializan los contenidos digitales, exigiendo mayor honestidad y protección para los usuarios.
En un contexto donde la ciudad y la vida cotidiana ya sufren por la saturación y la pérdida de tiempo, la transparencia en servicios digitales es un paso necesario para recuperar el control y la confianza en el consumo moderno.
