Este miércoles 17 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para analizar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.
El caso que motivó esta decisión proviene de una persona que solicitó protección judicial contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, debido a que estas normativas impiden el acceso a la eutanasia. La promovente, una mujer con formación en tanatología y diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, argumenta que imponer la “muerte natural” como única forma jurídicamente válida de morir vulnera su derecho a la autonomía y al desarrollo de la libre personalidad.
Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García recordó que países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia desde 1997, cuando la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento. Sin embargo, aclaró que la SCJN aún no asume una postura sobre el fondo del asunto, sino que únicamente aceptó discutirlo.
El ministro Irving Espinosa Betanzo explicó que la promovente ha dedicado su vida a asistir a personas con enfermedades terminales y ahora reclama disposiciones en materia de salud que garanticen un trato digno y cuidados paliativos para pacientes en su situación. Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó que este caso representa una oportunidad para que la Corte establezca un criterio novedoso sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida.
La votación para atraer el caso al pleno fue favorable por mayoría, con ocho ministros a favor y una abstención. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aseguró que este tema será de suma importancia para la sociedad mexicana y que el debate se dará en su momento.
Este avance en la SCJN ocurre en un contexto donde la discusión sobre la autonomía personal y los límites del Estado en materia de vida y muerte cobra relevancia, pero también genera inquietudes sobre el respeto a valores tradicionales y la protección de la vida. La decisión de la Corte podría marcar un precedente histórico en la legislación mexicana, aunque por ahora sólo se ha dado el primer paso para analizar el tema con profundidad.
