El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó este martes 9 de junio de 2026 que no existe ninguna denuncia formal presentada por ciudadanos relacionada con el presunto “tirador” en la zona de Atlixcáyotl. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene una investigación abierta de oficio para esclarecer los hechos.
En conferencia de prensa, Sánchez González explicó que hasta el momento ninguna persona se ha acercado a ratificar los incidentes ante las autoridades ministeriales, aunque el caso sigue bajo un seguimiento puntual y permanente en coordinación con la Fiscalía. “Nosotros tenemos un seguimiento documentado del caso. Ningún ciudadano ha presentado denuncia directa, pero la Fiscalía abrió la investigación de oficio y estamos trabajando de manera conjunta”, señaló.
Desde que se reportaron los primeros incidentes, se ha registrado un total aproximado de ocho casos, los cuales han sido analizados dentro del esquema de investigación y monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública. Para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar nuevos hechos, se han implementado medidas preventivas y un reforzamiento de la presencia policial en la zona de Atlixcáyotl.
El funcionario subrayó que el trabajo conjunto con la Fiscalía busca dar certeza a la población y resolver el caso con prontitud. “Estamos haciendo trabajo conjunto, con presencia constante en la zona y con acciones de prevención. Nos interesa que este tema se resuelva para brindar seguridad a la ciudadanía”, apuntó.
Respecto a las versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos ataques con arma de fuego, Sánchez González aclaró que algunos casos han sido descartados tras la revisión de evidencia, como el video de un supuesto láser verde que no correspondía a un arma de fuego.
Finalmente, reiteró que la vigilancia en Atlixcáyotl se mantiene activa y reforzada, y que las investigaciones continúan en curso, por lo que no se pueden detallar algunas acciones operativas para no comprometer el proceso.
Este caso refleja la complejidad de mantener el orden en zonas urbanas en crecimiento, donde la percepción de inseguridad puede afectar la calidad de vida y la movilidad cotidiana. La coordinación entre autoridades es clave para evitar que estos hechos alteren la tranquilidad y el orden que la ciudadanía demanda.
