La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció “Vicky”, una niña de 6 años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien en su paso como secretario de Educación Pública en la administración del gobernador Guillermo Pacheco Pulido fue objeto de investigaciones por diversas irregularidades.
Este centro médico, fundado formalmente en 2014 bajo la figura de “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable”, fue constituido por Alvízar Linares junto a su entonces esposa Irma Palacios García, socia también en otras empresas constructoras. En ese momento, el exdiputado formaba parte de la LIX legislatura por Movimiento Ciudadano, antes de ocupar un cargo como regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Desde 2013, un año antes de la formalización de la empresa, la clínica se promocionaba en redes sociales con un video que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, las imágenes muestran espacios reducidos y un equipo médico limitado, muy lejos de los estándares que se esperarían para una maternidad. Además, la clínica enlaza erróneamente a una página web que corresponde a un centro médico en Argentina, lo que genera dudas sobre su profesionalismo.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año, y que había sido clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de una multa de 18 mil pesos por retirar los sellos de clausura, el lugar continuó operando sin que las autoridades lograran frenar sus actividades.
En 2018, Alvízar Linares nombró como gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su gestión como subsecretario y luego secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido. Para 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el exfuncionario se encontraba prófugo, sin registro de actividad pública desde entonces.
Las reseñas en Google reflejan la precariedad y el riesgo que representa la clínica. Pacientes han denunciado negligencias médicas, falta de higiene y mala atención. Un usuario identificado como Brandon relató que su esposa no recibió un primer baño para el bebé, exponiéndolo a infecciones, y que le recetaron un medicamento para adultos. Otro testimonio calificó al personal de grosero y prepotente, mientras que una opinión de hace cinco años advertía sobre el peligro de acudir a este centro.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, la clínica sigue ofreciendo servicios y renta espacios para operar. En una llamada realizada por Oro Noticias, la administración confirmó que mantienen consultas de valoración y ofrecieron rentar espacios para procedimientos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.
El caso de “Vicky”, la menor de 6 años que falleció tras un procedimiento menor en la clínica, ha puesto en evidencia la falta de control y supervisión en centros médicos privados que operan al margen de la ley, poniendo en riesgo la vida de los más vulnerables. La ausencia de explicaciones claras por parte del personal médico tras su muerte agrava la indignación y exige una respuesta contundente de las autoridades para garantizar orden y seguridad en la atención sanitaria.
