Una empresa relacionada con Rafael Zabalza Beraza, conocido públicamente como “El Tirador de la Atlixcáyotl” y detenido por la Fiscalía General del Estado por disparar contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl, fue denunciada penalmente por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla por presentar documentos presuntamente falsificados para su registro en el padrón estatal de proveedores y contratistas.
El titular de la Secretaría, Alejandro Espidio Reyes, confirmó que hasta el momento se han presentado seis denuncias penales contra distintas empresas por la supuesta alteración de documentación, aunque no reveló los nombres de las otras cinco compañías ni detalles específicos sobre las carpetas de investigación.
La empresa vinculada a Zabalza Beraza es Petroaadlab, S.A. de C.V., constituida el 29 de marzo de 2017, fecha que coincide con la información oficial proporcionada por Espidio Reyes durante una rueda de prensa. Esta compañía inició su proceso de registro ante el Gobierno de Puebla para formar parte del padrón de proveedores y contratistas.
El funcionario explicó que la Secretaría revisa cuidadosamente la documentación presentada por las empresas, tomando en cuenta aspectos como solvencia económica, capacidad técnica, experiencia y especialización para la asignación de contratos públicos. La información recabada fue remitida a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.
Ante esta situación, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha enviado una iniciativa al Congreso de Puebla para fortalecer los procesos de calificación y registro de proveedores y contratistas. La propuesta busca establecer con mayor claridad los requisitos de solvencia moral, técnica y económica, así como la experiencia necesaria para participar en contratos estatales.
Además, se plantea la instalación de una mesa de trabajo para delimitar competencias y mejorar la revisión de expedientes, con el objetivo de evitar que empresas con documentación irregular accedan a contratos públicos.
Este caso se suma a la preocupación creciente por la falta de orden y transparencia en la administración pública local, que afecta la confianza ciudadana y la funcionalidad de la ciudad. En un contexto donde la movilidad y la infraestructura requieren planeación y responsabilidad, la vigilancia sobre los proveedores estatales es fundamental para evitar que la corrupción y la impunidad sigan complicando la vida cotidiana de los poblanos.
