La presidenta Claudia Sheinbaum evitó este martes 21 de julio de 2026 emitir una opinión clara sobre la sentencia a cadena perpetua que Estados Unidos impuso a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria se limitó a decir: “No hay una opinión personal sobre eso, no, es lo que es”, tras un breve silencio que evidenció la incomodidad ante el tema.
La audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, celebrada el pasado lunes, no solo dictó la condena sino que también incluyó la posible incautación de 15 mil millones de dólares vinculados al capo. Sin embargo, Sheinbaum se negó a confirmar si México solicitará parte de esos recursos, remitiendo cualquier pregunta a la Fiscalía General de la República (FGR). “No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando, entonces, la fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara”, afirmó.
En un intento por desviar la atención, la presidenta destacó el llamado que “El Mayo” hizo a los jóvenes durante la audiencia para que no se involucren en el crimen organizado. “Obviamente viniendo de quién viene es difícil citarlo, ¿verdad?, pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo, desde el principio, de la atención a las causas”, comentó, subrayando la estrategia de su gobierno para atender las raíces de la violencia.
No obstante, su postura ambigua y la falta de un pronunciamiento firme sobre un personaje que ha sido símbolo de la impunidad y el caos en México, dejan en evidencia la complejidad política y social que representa enfrentar a los grandes cárteles. En un país donde la inseguridad sigue siendo una amenaza constante para la estabilidad y el orden, la ciudadanía exige claridad y acciones contundentes.
Este episodio también pone en relieve la importancia de fortalecer mecanismos de justicia y cooperación internacional para recuperar recursos y garantizar que la ley se imponga sin titubeos. Mientras tanto, la sociedad observa con escepticismo cómo las autoridades manejan casos que afectan directamente la seguridad y el bienestar colectivo.
