Una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, denunció un presunto saqueo y abuso de autoridad durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 27 de marzo a las 02:00 de la mañana. Los afectados, dueños del Aserradero El Ciprés, aseguran que la diligencia carecía de fundamentos legales y que la actuación de los agentes fue arbitraria y violenta.
Flor Ruiz y su madre relataron que más de diez agentes armados llegaron a su domicilio, ubicado en el mismo terreno del aserradero, y que también habitan familiares en casas contiguas. La familia se resguardó en la azotea mientras los policías revisaban exhaustivamente la propiedad, desactivaban cámaras y se llevaban objetos de valor, incluyendo joyas y dinero en efectivo.
“Cuando me dirijo a mi cuarto veo desorden, ropa tirada, cosas, cajones abiertos. Observo que en mi vestidor ya no está donde yo guardaba mis ahorros, tenía unas carteras igual con dinero y ya me las habían vaciado. Me dirijo a mi tocador y veo que mis alhajeros también me los vaciaron… A mí hija también le robaron sus bolsas de mano, le robaron todas sus joyas”, narró la madre afectada.
Además, el hermano de Flor fue detenido sin explicación clara, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un vehículo y amedrentados con armas por los agentes. La familia también denunció que sus vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificación, a pesar de que uno de los choferes estaba presente.
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien actualmente estaría bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se han detallado los motivos. La diligencia se basó en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y la presencia de vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán.
El expediente FGEP/CDI/FEIDVGCM/CJMPUEBLA-I/003921/2026 señala la investigación por posible trata de personas con fines de explotación laboral de menores, delito grave que amerita atención, pero la familia denuncia irregularidades en el proceso, como la negación de la presencia de menores, la omisión de inventarios de objetos y vehículos retirados, y la minimización del número de agentes que participaron, cuando las imágenes de seguridad muestran una presencia mucho mayor.
“Ese es el tipo de servidores públicos que hoy tenemos que abusan de su autoridad, es este el tipo de jueces que autorizan estos cateos sin tener las pruebas suficientes, en solo basarse en la testificación de dos personas sin analizar pruebas videos… pruebas suficientes para que puedan autorizar un cateo”, denunciaron los afectados.
En un video difundido en redes sociales, la familia niega las acusaciones y pide apoyo ciudadano para que su caso sea conocido y se haga justicia, además de poder reactivar su negocio, afectado por las irregularidades y el desorden generado por la intervención policial.
Este caso pone en evidencia la necesidad de un orden jurídico claro y respetuoso de los derechos, así como de una actuación responsable de las autoridades para evitar que la inseguridad y la arbitrariedad sigan afectando la vida cotidiana y la economía familiar en Puebla.
