El Gobierno de Argentina impulsa en el Senado un proyecto para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, con la intención de eliminar las restricciones que actualmente limitan la compra de campos por parte de extranjeros. Esta iniciativa forma parte de un paquete normativo que busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y abrir el mercado rural a inversores internacionales, en un país donde hoy los extranjeros no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Según informó Clarín, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la propuesta argumentando que la legislación vigente “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, lo que, a su juicio, contradice el espíritu constitucional que reconoce derechos civiles tanto a nacionales como a extranjeros. Ravier agregó que estas restricciones han frenado inversiones significativas, especialmente en sectores foresto-industriales del NEA, Cuyo y la Patagonia, regiones donde existen “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”.
El proyecto distingue entre inversores privados y Estados extranjeros. En este sentido, Ravier explicó que gobiernos, empresas estatales o sociedades controladas por ellos deberán enfrentar mayores exigencias: “Actualmente pueden comprar hasta 1,000 hectáreas libremente, pero con esta ley van a precisar autorización específica”.
Desde el sector inmobiliario rural, el debate también se centra en el impacto económico. Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural, señaló que lo que realmente podría elevar el valor de los campos son medidas más amplias, como “la eliminación de las retenciones y reglas de juego claras”. Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, consideró que el temor a una compra masiva de tierras por extranjeros responde más a un imaginario histórico que a la realidad del mercado. “Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”, afirmó.
Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 266.7 millones de hectáreas rurales, de las cuales 16.2 millones están en manos extranjeras, equivalente al 6% del total. La propuesta legislativa podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inversión, soberanía, producción agrícola y control territorial, temas que históricamente han generado tensiones en la región.
Este debate cobra relevancia en un contexto global donde la propiedad rural es vista como un activo estratégico, y donde la apertura sin límites podría traer beneficios económicos, pero también riesgos para la autonomía territorial y el orden en el campo argentino. La decisión que tome el Senado en las próximas semanas será clave para definir el rumbo de la política agraria y la defensa de la soberanía nacional.
