La Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la dirección de Idamis Pastor Betancourt, ejecutó el martes 14 de julio de 2026 seis órdenes de aprehensión contra secretarios y directores de Seguridad Pública de municipios en la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla, acusados de colaborar con grupos delictivos que operan en esas regiones.
Las detenciones se dividieron en dos investigaciones paralelas. En la Mixteca, fueron capturados David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, titular en Tehuitzingo; y José Santiago Benítez Arista, director en Chila de la Sal. Según fuentes consultadas, aunque la Fiscalía no ha detallado los delitos específicos, se les investiga por presuntos vínculos con una organización criminal activa en esa zona.
Estos tres funcionarios fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros. El Registro Nacional de Detenciones precisa que Velázquez fue arrestado a las 10:44 horas en la comandancia de Chietla; Torres a las 11:17 horas frente a la comandancia de Tehuitzingo; y Benítez a las 13:53 horas en un domicilio de San Miguel de la Toma, comunidad de Chietla.
En la Sierra Norte, la FGE cumplimentó otras tres órdenes contra Evencio Rosas Luna, director de Seguridad Pública de Tlapacoya; Ángel Miguel Garrido, director en Tlaola; y Manuel Martínez González, titular en Jopala. Estos mandos son investigados por presuntamente proteger a una célula criminal vinculada al narcolaboratorio de drogas sintéticas desmantelado en junio pasado en Tlapacoya.
La carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango señala que los detenidos habrían omitido actuar contra las actividades ilícitas y, en algunos casos, instruyeron a sus subordinados para facilitar la movilidad del grupo criminal en la región.
Además, la Fiscalía intentó ejecutar una cuarta orden contra Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, quien no fue localizado y permanece prófugo.
El narcolaboratorio asegurado en el ejido Ahuacatlaya, Tlapacoya, fue descubierto en junio por fuerzas federales y estatales, que decomisaron 360 kilogramos de metanfetamina, más de 25 mil litros de sustancias químicas, así como reactores, condensadores, destiladores y 50 tanques de gas LP.
Estas acciones evidencian la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad municipal, un fenómeno que deteriora la confianza ciudadana y complica la gobernabilidad en Puebla. En un contexto donde la autoridad estatal debe recuperar el orden y garantizar la seguridad, la FGE muestra un compromiso firme para desarticular redes corruptas que amenazan la estabilidad regional.
Mientras tanto, la ciudadanía exige que estas detenciones sean el inicio de una limpieza profunda en los cuerpos de seguridad, para que la movilidad y la vida urbana no se vean más afectadas por la impunidad y la complicidad criminal. La recuperación del orden y la funcionalidad en las regiones afectadas es indispensable para evitar que el caos y la inseguridad sigan minando la calidad de vida de los poblanos.
