El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado como el segundo presunto tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio ocurrido en marzo de 1994. La decisión, tomada este martes 7 de julio de 2026, revoca el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
El tribunal, integrado por los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez, determinó que la acción penal contra Sánchez Ortega quedó extinguida desde 2015, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) retomó las indagatorias hasta 2021 y ejerció acción penal hasta 2023, lo que excede el plazo legal para continuar el proceso. En la resolución, se señala que “se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional”.
Este fallo pone en evidencia las fallas procesales de la FGR, que no logró acreditar “la forma en que su dolo comprendió el plan y el modo especial de ejecución; y la inferencia que permitía pasar de la existencia de dos disparos a la conclusión de un acuerdo previo común” con Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años como asesino material de Colosio.
El tribunal también desechó los argumentos que atribuían a Sánchez Ortega las calificativas de premeditación y alevosía, aunque no descartó la posible intervención conjunta en la privación de la vida del entonces candidato presidencial. Se subraya que las videograbaciones y dictámenes periciales muestran que el ataque ocurrió durante un evento multitudinario con dos disparos desde distintos flancos, pero no prueban un acuerdo previo ni sincronización entre los tiradores.
Además, la sentencia de 44 páginas destaca que Sánchez Ortega, quien en 1994 era agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), no conocía la ubicación del otro probable tirador ni el momento exacto de los disparos, ni participó en la selección del lugar o instante del ataque. Tampoco se acreditó que supiera del dispositivo de seguridad de Colosio o que hubiera aprovechado esas condiciones para asegurar el resultado.
Este caso, que ha permanecido abierto por más de tres décadas, refleja las complejidades y retrasos en la impartición de justicia en México, donde la falta de orden y eficiencia procesal prolonga la incertidumbre y afecta la confianza ciudadana en las instituciones. En un país que demanda seguridad y certeza jurídica, la resolución de este caso emblemático marca un precedente sobre los límites legales y la necesidad de procesos ágiles y transparentes.
