En la sesión del jueves pasado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama generó polémica al plantear que los recursos provenientes de herencias, pensiones y cuentas individuales de Afore deberían estar sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta propuesta, que buscaba establecer un criterio obligatorio para gravar dichos ingresos, fue rechazada por mayoría de seis votos en contra.
El debate surgió a raíz de una contradicción entre tribunales federales sobre si los recursos entregados a beneficiarios tras el fallecimiento de un trabajador deben considerarse ingresos exentos conforme al artículo 93, fracción XXII, de la Ley del ISR, o si, por el contrario, deben tributar como ingresos sujetos a impuesto, equiparándolos a legados.
La ministra Batres argumentó que no gravar estas transmisiones patrimoniales reproduce desigualdades sociales, pues “una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo”, y consideró que la Corte debe favorecer la distribución de la riqueza mediante impuestos a quienes obtienen recursos sin esfuerzo propio.
Sin embargo, esta postura fue duramente criticada en redes sociales, donde usuarios señalaron que las herencias provienen del esfuerzo previo de los causantes y que ya han sido gravadas en su origen, por lo que insistir en un nuevo impuesto podría desincentivar la acumulación legítima de patrimonio y afectar la seguridad jurídica.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió que los recursos de las Afores deben considerarse ingresos exentos, pues cumplen una función análoga a la de un legado, postura que finalmente prevaleció en la votación.
Tras el rechazo, el asunto fue turnado a otro ministro para elaborar un nuevo proyecto que refleje el criterio mayoritario y permita fijar jurisprudencia obligatoria. El ministro Figueroa solicitó asumir la ponencia para este fin.
Este debate no solo pone en evidencia la tensión entre la búsqueda de mayor equidad fiscal y la defensa de la propiedad privada, sino que también refleja la complejidad de diseñar políticas tributarias que no afecten la estabilidad económica ni la confianza en las instituciones. En un país donde la movilidad social y la seguridad patrimonial son temas sensibles, la discusión sobre impuestos a herencias y pensiones seguirá siendo un punto álgido en la agenda pública.
