La Secretaría de Salud admitió este martes 30 de junio de 2026 la existencia de medicamentos caducados acumulados durante varios años en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, un caso que ha sido objeto de denuncias reiteradas por parte de derechohabientes sin que hasta ahora se hubiera actuado con contundencia.
David Kershenobich, titular de la dependencia, explicó en la conferencia matutina en Palacio Nacional que fue hasta la llegada del nuevo director del hospital cuando se realizó una evaluación exhaustiva que reveló la acumulación de fármacos vencidos. La cifra aproximada asciende a 18.4 millones de piezas con un valor superior a 121 millones de pesos, un volumen que refleja la gravedad del desorden administrativo y la falta de control en la gestión de insumos médicos.
El funcionario aseguró que se investiga la posible falta administrativa para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del desabasto, un problema que afecta directamente la atención médica y pone en riesgo la salud de los pacientes, especialmente en un centro de referencia infantil.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a la hipótesis de una sobrecompra de medicamentos que no fueron utilizados en tiempo y forma, lo que habría provocado su caducidad. “Hay que ver si se compraron medicamentos de más en algún momento. Porque el que se haya detectado en 2023, no quiere decir que hubiera medicamentos del 2017. Por eso hay que revisar cuándo fue la caducidad de esos medicamentos”, señaló la mandataria durante la misma conferencia.
Este escándalo se suma a la crisis interna que enfrenta el Hospital Infantil, donde hace unas semanas médicos residentes iniciaron un paro laboral limitado a actividades no críticas para denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento. La Coalición de Médicos Residentes, constituida formalmente tras meses de denuncias sin respuesta, exige la destitución de los responsables y garantías de protección para quienes presentan quejas, sin afectar áreas vitales como Urgencias y Terapias Intensivas.
Este cúmulo de problemas evidencia la urgente necesidad de un orden administrativo y una gestión eficiente en las instituciones de salud pública, para evitar que la negligencia y la falta de control sigan comprometiendo la calidad y seguridad en la atención médica, un derecho fundamental que no puede seguir siendo postergado.
