Un reportaje publicado por The New York Times, en colaboración con Puente News, revela que al menos una docena de funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Según el diario estadounidense, estas comunicaciones comenzaron tras las acusaciones emitidas a finales de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa. En este contexto, varios políticos habrían buscado anticiparse a posibles investigaciones en su contra, participando en conversaciones confidenciales con autoridades estadounidenses.
El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, también destaca una iniciativa de la DEA para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos y persuadirlos a colaborar con las pesquisas. Además, las investigaciones se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos y por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados desde México a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, varios de los cuales han comenzado a colaborar con fiscales federales.
Este escenario ha generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado reiteradamente los señalamientos y ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse respetando la soberanía nacional y a través de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre la política mexicana y la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que la autoridad estatal enfrenta el reto de mantener el orden y la seguridad sin ceder espacios a injerencias externas que puedan afectar la estabilidad nacional.
