La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, enfrenta una doble crisis que pone en entredicho no solo su honorabilidad, sino también la veracidad de su formación académica. En medio de la investigación por un presunto autosecuestro que, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, habría sido un montaje para encubrir un desfalco de 40 millones de pesos, surgen ahora serias dudas sobre la cronología de sus estudios profesionales.
Documentos oficiales consultados por EMEEQUIS revelan una aparente anomalía: la morenista habría concluido una maestría en administración pública el 13 de agosto de 2018, antes de haber terminado formalmente su licenciatura en derecho, cuyo título se registró hasta el 31 de agosto del mismo año. Esta secuencia, además de inusual, contraviene el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública, que exige contar con el título de licenciatura o haber completado todos los créditos para ingresar a un posgrado.
La falta de explicación pública sobre si Nápoles había cumplido previamente con los requisitos académicos abre la puerta a cuestionamientos sobre la validez de su formación. Además, el Instituto Universitario del Estado de México, donde cursó la maestría, no ha respondido a solicitudes para aclarar esta discrepancia, y no existe constancia pública de la expedición de la cédula profesional correspondiente al posgrado.
Este entramado se agrava con la opacidad en los datos curriculares de la presidenta municipal. En la Plataforma Nacional de Transparencia solo se encontró un registro que indica que laboró como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que Nápoles habría simulado un secuestro para justificar la desaparición millonaria de recursos públicos. La alcaldesa ha negado estas acusaciones, asegurando que fue víctima de un secuestro real y denunciando actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales.
Este caso no solo pone en tela de juicio la integridad de una servidora pública, sino que también refleja la urgente necesidad de transparencia y orden en la administración pública, valores que la sociedad demanda para recuperar la confianza en sus instituciones y garantizar un manejo responsable de los recursos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.
