La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles, denunció este lunes 22 de junio de 2026 una clara violencia política de género por parte de la Fiscalía mexiquense, luego de que se le acusara de haber fingido su propio secuestro.
En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Nápoles aseguró que fue víctima real de un secuestro la noche del domingo 31 de mayo, cuando fue privada de su libertad afuera de su domicilio. Sin embargo, la Fiscalía la investiga ahora por el supuesto delito de auto secuestro, lo que ella califica como una persecución política y un ataque a sus valores y principios. “De ser la víctima ahora yo soy la que formuló este delito… es violencia política de género en su máxima expresión”, afirmó.
La alcaldesa explicó que logró escapar tras poco más de una hora de cautiverio y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga su caso para garantizar una investigación imparcial.
Además, Nancy Nápoles negó categóricamente las acusaciones de un desfalco por 40 millones de pesos en el municipio. Aseguró que el dinero está resguardado en las arcas municipales y que la historia del desfalco es otra noticia falsa en su contra. Confirmó que durante el secuestro le exigieron un rescate de 40 millones de pesos, pero que no se pagó nada. “No existe ningún tipo de desfalco… el dinero está en el municipio”, subrayó.
Respecto a su situación política, Nápoles informó que Morena suspendió sus derechos políticos, aunque hasta ahora no ha recibido confirmación oficial. Sobre su esposo, negó que esté prófugo y aclaró que ha declarado ante las autoridades cuando se le ha requerido. En cambio, señaló que quien sí está prófugo es el ex pareja de su hermana.
Este caso pone en evidencia la creciente tensión política y la utilización de mecanismos legales para desestabilizar a autoridades locales, en un contexto donde la violencia política de género sigue siendo un problema grave en México. Mientras tanto, la ciudadanía de Tenancingo y del Estado de México observa con preocupación cómo la inseguridad y la falta de orden afectan la gobernabilidad y la vida cotidiana.
En un país donde la autoridad estatal debe garantizar seguridad y justicia, resulta indispensable que las investigaciones se conduzcan con rigor y sin sesgos, para evitar que la política se convierta en un campo de batalla que perjudique a las familias y al orden social.
