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Nay Salvatori otra vez en el ojo del huracán por ofrecer “gratificación” por donación de plaquetas, ¿un delito federal?

La diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, desató una polémica este jueves 18 de junio de 2026 tras publicar en sus redes sociales una solicitud urgente para conseguir un donador de plaquetas, ofreciendo una “gratificación” a quien brindara apoyo. Esta acción generó una ola de críticas y cuestionamientos, pues la legislación mexicana prohíbe expresamente obtener beneficios económicos por la donación de sangre y sus componentes.

En una historia difundida en sus redes, la legisladora escribió: “Busco urgentemente un donador de plaquetas, doy una gratificación por el apoyo y ayuda brindada. Urge. Informes 2211822024”. La publicación no tardó en ser señalada por usuarios que recordaron que la Ley General de Salud contempla sanciones severas para quienes promuevan o participen en actos relacionados con la comercialización de sangre, tejidos u órganos humanos.

Entre las respuestas más contundentes destacó la de la usuaria Assenet Lavalle, quien le recordó a Salvatori que “la venta de sangre en México tiene una pena de prisión de los 6 a los 17 años, de acuerdo con el artículo 462 de la Ley General de Salud vigente. Se trata de un delito federal que incluye ‘gratificaciones’. Deja de promover eso, por favor”.

El debate en redes sociales evidenció la preocupación de la ciudadanía por el respeto a las normas que regulan la donación de sangre, la cual debe ser siempre voluntaria y altruista, sin recibir compensación económica alguna. El artículo 462 de la Ley General de Salud sanciona con rigor cualquier conducta que implique obtener beneficios económicos derivados de la donación de órganos, tejidos, células o sangre humana.

Este episodio pone en evidencia la necesidad de que los servidores públicos actúen con responsabilidad y respeto a la ley, especialmente en temas sensibles como la salud pública. En un país donde la movilidad y el acceso a servicios básicos ya enfrentan múltiples retos, la confianza en las instituciones y sus representantes es fundamental para mantener el orden y la funcionalidad social.

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