Este miércoles 17 de junio de 2026, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció en una nueva audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde la Fiscalía estadounidense solicitó que el jurado que lo juzgará sea anónimo y parcialmente aislado.
La petición, presentada formalmente la noche anterior, busca que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los candidatos y del jurado definitivo no se revelen ni a las partes ni a sus abogados. Además, se exige que los miembros del jurado sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y permanezcan aislados del público durante el juicio.
La Fiscalía argumenta que estas medidas son indispensables para proteger la integridad del proceso y la imparcialidad del jurado, evitando cualquier tipo de acoso, intimidación o interferencia. Se subraya la gravedad excepcional de los cargos contra Caro Quintero, quien, según la acusación, cuenta con recursos y un historial comprobado de interferencia en procesos judiciales, incluyendo el asesinato de un agente federal estadounidense y la continuación de actividades delictivas incluso desde prisión en México.
En la audiencia de hoy, los fiscales también dejaron abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad con el acusado, quien hasta ahora se ha declarado no culpable.
Caro Quintero enfrenta cargos en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal, asesinato —incluyendo el secuestro, tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985—, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas para promover el narcotráfico.
Este caso se enmarca en una operación mayor que llevó a la transferencia a Estados Unidos de 29 cabecillas de distintos cárteles mexicanos, entre ellos Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores del Cártel de los Zetas.
La relevancia de este juicio no solo radica en la justicia para un crimen emblemático que marcó la historia del narcotráfico en México y Estados Unidos, sino también en la necesidad de garantizar un proceso ordenado y seguro en un contexto donde la influencia del crimen organizado sigue siendo una amenaza latente para el Estado de derecho.
