La dirigencia de Morena en Puebla exhortó a la diputada federal Nayeli “Nay” Salvatori a actuar con mesura y esperar los resultados de las investigaciones sobre la detención ocurrida el pasado 11 de junio en el Parque Intermunicipal de Cholula, donde policías municipales de San Andrés Cholula arrestaron a una mujer y sus dos hijos menores de edad.
Agustín Guerrero Castillo, vocero del partido en Puebla, subrayó la importancia de conocer a fondo todos los elementos y circunstancias que rodearon el incidente antes de emitir juicios definitivos. Sin embargo, insistió en que el caso debe ser investigado a fondo por las autoridades competentes, solicitando que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula realice una revisión exhaustiva de la actuación policial.
La controversia estalló tras la difusión en redes sociales de videos donde se observa a la madre siendo sometida por los uniformados mientras sus hijos menores lloran y presencian la detención, lo que generó críticas hacia la corporación y pronunciamientos políticos. Entre ellos, la diputada Salvatori cuestionó públicamente la actuación policial, aunque ahora Morena Puebla pide esperar los resultados de las investigaciones.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, informó que se inició una queja de oficio urgente contra cinco policías municipales por posibles violaciones a derechos humanos, calificando preliminarmente la detención como arbitraria mientras se desarrolla la investigación.
Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, señaló que durante el procedimiento se habría vulnerado la integridad de la mujer y sus hijos, exhortando al Ayuntamiento de San Andrés Cholula a respetar los protocolos de actuación policial.
En este contexto, Guerrero Castillo reiteró que la revisión interna es indispensable para determinar si hubo irregularidades, excesos en el uso de la fuerza o incumplimientos a los protocolos establecidos.
Mientras la Comisión de Derechos Humanos y las autoridades estatales continúan con las investigaciones, el caso mantiene bajo escrutinio la actuación de la policía municipal y genera un debate sobre el orden y la seguridad en la región.
