Un nuevo episodio de violencia y presunta impunidad sacude al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. La noche del sábado pasado, Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas, fue señalado por habitantes de haber golpeado a un hombre y realizado disparos durante una riña.
Los denunciantes aseguran que, además de la agresión física, el funcionario disparó un arma de fuego en el lugar, mientras que la Policía Municipal habría incurrido en omisiones al atender el incidente. También denunciaron obstáculos para presentar la querella formal ante la Fiscalía General del Estado, lo que alimenta sospechas de posible protección institucional.
Este caso estalla en un momento crítico para la administración de Bárcenas, que apenas el pasado lunes 8 de junio vio cómo el Cabildo aprobó solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de la alcaldesa. Las acusaciones contra ella incluyen irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionable de recursos públicos y nepotismo, lo que ha generado un ambiente de desconfianza y descontento social.
La denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa añade una nueva capa de complejidad política y social. Sectores ciudadanos exigen que la investigación sea atraída por autoridades estatales para garantizar imparcialidad y evitar que el parentesco influya en el curso de la justicia.
Por su parte, Guadalupe Bárcenas ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como una campaña de desgaste político orquestada por sus adversarios. Sin embargo, la presión crece en la Mixteca poblana, donde la administración local enfrenta un escrutinio sin precedentes.
Mientras las víctimas buscan justicia y claridad, la pregunta que permanece es si las autoridades actuarán con la misma firmeza que se esperaría para cualquier ciudadano o si el vínculo familiar con la presidenta municipal prevalecerá sobre el Estado de derecho.
Este caso refleja la urgente necesidad de fortalecer el orden y la transparencia en los gobiernos locales para evitar que la impunidad y el tráfico de influencias sigan minando la confianza ciudadana y el funcionamiento ordenado de la ciudad.
