Este martes 9 de junio de 2026, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó en el Congreso del Estado de Puebla dos iniciativas legislativas que buscan endurecer las sanciones contra delitos que afectan directamente el patrimonio y la seguridad de las familias poblanas.
La primera propuesta apunta a castigar con penas de prisión a empleados bancarios que, coludidos con grupos delictivos, faciliten información para robos a cuentahabientes, modalidad conocida como “salideras bancarias”. Suriano Corrales destacó que estos delitos suelen involucrar complicidad interna en las sucursales, por lo que es urgente cerrar estos vacíos legales y sancionar también a personal de seguridad privada que pudiera colaborar con estas bandas.
En un contexto donde Puebla ha registrado múltiples casos de asaltos a personas tras retirar efectivo en bancos, esta iniciativa busca proteger a los ciudadanos y fortalecer la confianza en las instituciones financieras, un paso necesario para mantener el orden y la seguridad en la vida urbana.
La segunda iniciativa presentada tipifica el delito de “montachoques”, una práctica que consiste en provocar accidentes viales intencionales para extorsionar a conductores mediante amenazas y exigencias de pago inmediato. La propuesta contempla penas de dos a ocho años de prisión para quienes participen en estos esquemas fraudulentos, que han generado creciente preocupación entre automovilistas, especialmente en zonas urbanas saturadas y caóticas donde la movilidad ya es un reto diario.
Fedrha Suriano subrayó que estas medidas buscan cerrar lagunas legales que dificultan la persecución penal de estos delitos, brindando mayor protección a los usuarios de las vialidades y contribuyendo a recuperar la funcionalidad y el orden en la ciudad.
Ambas iniciativas serán turnadas a comisiones para su análisis y eventual discusión en el Pleno del Congreso del Estado, en un momento en que Puebla enfrenta la urgente necesidad de reforzar la seguridad y proteger el patrimonio de sus habitantes frente a nuevas modalidades delictivas.
Este esfuerzo legislativo se inscribe en la búsqueda de un entorno urbano más seguro y ordenado, donde la movilidad y la vida cotidiana no se vean amenazadas por la impunidad ni la complicidad interna en instituciones clave.
