A partir del viernes 9 de enero de 2026, México implementó el registro obligatorio de líneas celulares, una medida que busca reforzar los controles de seguridad y la verificación de identidad para combatir los fraudes telefónicos. Sin embargo, a un mes de que finalice el tiempo límite para la vinculación de líneas móviles, la respuesta ciudadana ha sido abrumadoramente negativa.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que, de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas en el país, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas. Esto significa que menos del 30% de la población ha cumplido con el proceso desde el inicio del proyecto de seguridad, dejando cerca de 128 millones de líneas sin registrar.
Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecen que los proveedores de servicio deberán deshabilitar temporalmente las líneas móviles que no estén vinculadas a un titular. Esta suspensión, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026, permitirá únicamente llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, o a líneas de soporte del operador. Es importante destacar que la suspensión no elimina las obligaciones contractuales con la agencia de telefonía, por lo que los usuarios deberán seguir pagando su plan o equipo, incluso si su línea está restringida.
A pesar de las consecuencias anunciadas, la población mexicana se mantiene escéptica ante el proceso, reflejando una baja colaboración en el registro de líneas. Esta resistencia ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de vinculación.
En respuesta a la apatía ciudadana, la CRT lanzó una campaña nacional para incentivar la participación, enfocando su estrategia en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, incluyendo el transporte público como Metro y Metrobús.
El bajo nivel de cumplimiento evidencia una profunda desconfianza hacia las medidas de control estatal y pone en entredicho la efectividad de políticas que, aunque buscan fortalecer la seguridad, parecen chocar con el escepticismo de una sociedad que valora su privacidad y libertad individual. La autoridad enfrenta ahora el reto de convencer a millones de mexicanos de que el registro de sus líneas es un paso necesario para el orden y la seguridad, sin sacrificar los derechos fundamentales que han caracterizado a la nación.
